"Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada"

El empresariado provincial sostiene que los desalojos del conurbano bonaerense -por acción de la justicia- han provocado el "éxodo masivo" de los operadores de aquéllos emprendimientos, "en búsqueda de nuevos destinos para asentarse, encontrando en nuestra Provincia, condiciones fértiles para su desempeño". "Es así que, en localidades entrerrianas, los interesados ofrecen pagar cifras siderales por el alquiler de locales, consiguiendo de esa manera instalarse con la modalidad de "Saladitas" de proximidad", sostienen. La FEDER denuncia de que presumiblemente la mercadería que comercializan, al menos mayoritariamente, "proviene de una industria espuria, desarrollada al amparo de la elusión de exigencias fiscales, y de la utilización de trabajo esclavo, que involucraría además, trata de personas, explotación infantil, piratería del asfalto, contrabando y fraude marcario". Por otra parte la organización empresaria estima que los consumidores de estos productos, más allá del beneficio económico que obtienen en la adquisición, "se degradan como tales, pues se hacen cómplices, con o sin conciencia de ello, de los eventuales delitos enumerados". "En este escenario, no existe posibilidad de competencia leal. No es posible ni adecuado, conformar grupos de compra para "competir" con el delito", sostienen desde la Federación Económica. "El ejercicio de estas actividades no puede ser socialmente tolerado, y debe ser combatido eficazmente, con independencia de las circunstancias particulares de quienes las ejecuten -nacionalidad, condición social, etc.-, pues las modalidades descriptas, no constituyen el ejercicio regular de ningún derecho, por el contrario, son ilícitas", afirman. FEDER sostiene que "existen elementos para afirmar que el tránsito de la mercadería ilegal es utilizado muchas veces para establecer luego futuras rutas de tráfico de estupefacientes, constituyéndose de ese modo en fuente de financiamiento de otros delitos". "El flagelo es de tal magnitud a nivel mundial que en los foros económicos internacionales se lo ha tipificado como una nueva forma de crimen organizado", señalan al apuntar que "se evidencia una clara afectación de los derechos de los comerciantes debidamente establecidos en nuestra Provincia, que deben gozar de la protección del Estado a los fines de poder ejercer regularmente su actividad. Es así que como resultado de las acciones denunciadas, se ven perjudicados, por quienes al amparo de una estrategia de venta de "mercadería más barata", generan y desarrollan un circuito económico informal e ilegal, que establece claramente una competencia desleal, dando lugar al desempleo, la consecuente pérdida de recursos tributarios para el Estado y desaparición del comercio local". "Apelamos al respeto y efectivización de los principios básicos que se hallan plasmados en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, como son entre otros, los contenidos en los artículos 30 y 67, en los cuales se garantiza la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios alentando el consumo responsable y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Asimismo, solicitamos a las autoridades Provinciales, Municipales y Organismos de Control Nacional, la concreción urgente de los controles y exigencias a los nuevos formatos de venta atípica, de la misma manera a la que son sujetos todos los Comerciantes Entrerrianos, que cumplen con gran sacrificio las normas establecidas para sostener la fuente de trabajo y que se proceda con los responsables del comercio ilegal con idéntico rigor, apelando a las exigencias de IGUALDAD ANTE LA LEY, que como Institución sostiene y preserva la Federación Económica de Entre Ríos", se señala en un documento de la entidad que lleva las firmas de Jorge López y Natalio Grinman, Presidente y Secretario respectivamente de la Federación Económica de Entre Ríos.