Diputados aprobó se reclame judicialmente el 15% de coparticipación

La Cámara de Diputados se despidió aprobando seis iniciativas ingresadas fuera de lista, una con el guiño de la oposición, las otras con el voto de la mayoría. En consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga al Gobierno Nacional a devolver el 15% de coparticipación a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, retenido luego del pacto fiscal de 1992, la legislatura entrerriana decidió abandonar el reclamo que el gobierno provincial venía realizando "por vía administrativa" y encararlo vía judicial, para lo cual se aprobó por unanimidad un proyecto, que ya había sido presentado en el 2012, pero que nunca había sido tratado, autoría de la Diputada Rosario Romero y sus pares Diego Lara y Horacio Fabián Flores (hoy representantes del FpV). La iniciativa es la misma, aunque tuvo pequeñas adecuaciones para no contradecirse con algunos artículos del presupuesto. El texto autoriza a la Fiscalía de Estado a accionar contra el Gobierno Nacional para reclamarle "la inmediata extinción de los efectos jurídicos emergentes del Acuerdo" y "el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables". Asimismo afecta el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos generado con motivo de esta denuncia "a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra", como así también se dispone que "el excedente" sea "destinado al refuerzo proporcional de las partidas de gastos de personal de toda la administración central y descentralizada del Estado Provincial". Fundamentó el proyecto la Diputada Romero, quien recordó que en el primer gobierno de Raúl Alfonsín con el advenimiento de la democracia, "el reparto era 50 y 50" y después por diversos pactos fiscales", la "Nación hoy conserva 70 y las provincias 30". "La gran deuda del federalismo argentino ha sido la ley de coparticipación", dijo Romero en el recinto y explicó que la Nación retuvo el 15% de la masa de impuestos coparticipables "para atender el pago de fondos previsionales", lo cual "tuvo origen" en las aseguradoras de fondos de pensión", las AFJP, porque "el ANSES quedó desfinanciado" y ese 15 % "era para sostener el órgano previsional", indicó. "Esas condiciones ya no existen", aseguró Romero, por cuanto el Gobierno de la Nación hizo una unificación del sistema previsional, financiado en un sistema solidario. "El ANSES hoy es un órgano ponente", señaló que hoy "se autofinancia", por lo cual pudo aumentar "considerablemente la cantidad de jubilados". "Nosotros lo consideramos como un logro del gobierno nacional", subrayó. "A la fecha existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, la acción fue iniciada en el 2009 y la Corte le dio lugar", agregó. "Entiendo que la discusión que plantearon las provincias Argentinas que hicieron por litigio, algunas por medida cautelar y otras por acción de inconstitucionalidad, sobre las que la Corte se expidió, abre un camino para que las provincias efectivamente denunciemos aquel pacto fiscal. Las que no hicimos juicio porque teníamos otra expectativa y hoy tenemos otra visión sobre el tema, hoy, al haberse pronunciado la Corte, entendemos que tenemos que hacer todas las acciones posibles para poder recuperar ese 15% que bien le vienen a los jubilados provinciales y a los empleados públicos", finalizó la diputada antes de pedir la votación a sus pares. Desde la oposición, los argumentos fueron similares, tanto el bloque radical como los representantes del socialismo y del FAP, manifestaron que les hubiera gustado tratar la iniciativa con más tiempo y hasta recordaron que propusieron proyectos similares a lo largo de los cuatro años de gestión, pero que no fueron escuchados. Sin embargo, acompañaron el proyecto que fue aprobado por unanimidad. [b]Endeudamiento[/b] Sobre tablas y fuera de lista también ingresó un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a "concretar operaciones de crédito público por hasta la suma seis mil millones de pesos", mediante "la contratación de préstamos con el Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional, Organismos Multilaterales de Crédito, o entidades financieras locales o extranjeras", o "a través de la emisión y colocación de títulos de la deuda pública, en una o varias series, bajo cualquier otra modalidad de financiación, en términos y condiciones de mercado, bajo ley y jurisdicción argentina o extranjera". Este proyecto tuvo media sanción pero solo con el voto del oficialismo. [b]Tasa vial[/b] Se propuso con la misma metodología, el tratamiento de un proyecto autoría del presidente del bloque oficialista, Juan Navarro, que crea la "Tasa Vial Provincial", destinada a "retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales". La propuesta no fue acompañada por la oposición, algunos por considerar que no era necesario, como el bloque de la UCR y otros por considerarlo "un impuestazo", como el Diputado Lisandro Viale (PS). [b]Otros expedientes[/b] Además, en esta última sesión, se dio media sanción a un proyecto de la Diputada Laura Stratta (FpV) que declara "área natural protegida" a la zona de humedales e islas ubicadas dentro del ejido urbano de Victoria y al expediente mediante el cual se designa con el nombre de "Alberto Gerchunoff", al tramo de la Ruta Provincial Nº 20- comprendido entre la Ruta Nacional Nº 130 - ciudad de Villaguay y la Ruta Provincial Nº 39 - ciudad de Basavilbaso. Se le dio, además, sanción definitiva a la Ley del Ministerio Público, que le da "independencia orgánica, funcional" al organismo "siendo su función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad". Colegio de Trabajadores Sociales Con una nutrida concurrencia de trabajadores sociales, se le dio media sanción al proyecto que adecua la normativa, renombrando al colegio de Asistencias Sociales como "Colegio de Trabajadores Sociales". El proyecto venía con dictamen de comisión y había sido presentado por los propios profesionales. Fue fundamentado también por la Diputada Romero. Fuente: APF.