La Ley, sancionada en diciembre de 2009 por la Legislatura, modificaba el esquema previsto entre el Gobierno de la Provincia y el Banco, a partir de un acuerdo entre los legisladores y la dirigencia agropecuaria y con el fin de delimitar quienes dentro de la cartera de morosos se constituían realmente como productores agropecuarios de quien no. En tal sentido, en la ley quedaron selladas la constitución de la comisión bicameral, la reducción de la nómina de beneficiarios y la exigencia de un patrimonio para responder ante el crédito como la constancia de que el beneficiario realmente se dedicara a la explotación agropecuaria.

Así, quedaría en autoridad de la bicameral la facultar para otorgar los créditos que se respalden con la coparticipación.